
En la Fiscalía de la Nación existen denuncias contra el presidente de Securitas SAC por colusión ilegal, peculado, cohecho pasivo, trafico de influencias y corrupción de funcionarios, que se encuentran en los distritos fiscales anticorrupción de Lima y Callao, así como de Lima Sur.
Pedro Bellatin Galdos, Country President de la empresa Securitas SAC, filial de Securitas AB, empresa multinacional sueca de soluciones globales de seguridad privada, estaría implicado en graves denuncias de corrupción contra la administración pública peruana, conducta procesal que atentaría contra el Propósito y Valores Securitas cuyo valor de Integridad indica textualmente que “hace referencia a una conducta ética y honesta. Securitas es inflexible en sus demandas de integridad y veracidad, e insiste en el derecho de sus empleados a expresar abiertamente opiniones propias y en su deber de comunicar irregularidades u otra información relevante sin riesgo de represalias”, conforme está establecido en el portal web de la empresa sueca.
Es así que, en el distrito fiscal de Lima Sur en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lurín los casos en los que se le acusa a Bellatin Galdos son:
- El 706024500- 2021-1807-0 del 23 de diciembre de 2021
- El 706024500- 2022-345-0 del 22 de marzo de 2022.
Y en la misma jurisdicción, se suman dos casos más:
- En la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador con el Nº de Caso 706064501- 2021-1467-0 del 19 de agosto de 2022.
- En la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador con el Nº de Caso 706064502- 2021-1289-0 del 16 de diciembre de 2021.
También tiene denuncia en la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao siendo el Nº de Caso 906015500- 2012-28-19 del 05 de agosto de 2022, y en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con el Nº de Caso 506015506- 2021-307-0 del 22 de febrero de 2022.
Estas graves acusaciones contra el presidente de Securitas Perú, Pedro Bellatin Galdos, develarían una conducta impropia e ilegal que pondría en riesgo la administración de la empresa, y sería el indicio de un conjunto de acciones con la finalidad de atentar contra los derechos fundamentales de los 3 608 trabajadores que prestan servicios a nivel nacional (según información oficial de la SUNAT), y sobre todo, de los afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Empresa Securitas (SINTRASECURITAS) quienes denunciaron que la empresa venía cesando de manera direccionada a trabajadores sindicalizados y recortando las remuneraciones con el pretexto de la pérdida de clientes como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.
Es por eso, que a mediados del mes de julio del presente año, el secretario general del sindicato, Marco Maguiño Mendoza, convocó a sus afiliados a una protesta en el frontis de la sede de Securitas Perú en el distrito de Magdalena del Mar, y denunció que “la empresa pretendía imponer una jornada laboral de 4 días de 12 horas de trabajo por 2 días de descanso, lo cual significaría un recorte radical a las remuneraciones de aproximadamente 4 000 trabajadores”, de esta manera, se ejecutaría la violación a los derechos humanos de los trabajadores.
Asimismo, existe una resolución del Quinto Juzgado Civil- Comercial que da cuenta del Auto Concesorio de Medida Cautelar cuyo Expediente es el Nº 10170-2020-83-1817-JR-CO-05 del 21 de setiembre de 2022 que resuelve CONCEDER MEDIDA CAUTELAR DE ANOTACIÓN DE DEMANDA sobre NULIDAD DE ACUERDOS SOCIETARIOS a favor del señor Wilson Lizardo Gómez Barrios Rincón expresidente de esta empresa en contra la administración de Securitas SAC que preside Bellatin Galdos.
Esta nulidad de acuerdos societarios, es en relación a la junta celebrada por Securitas SAC con fecha 15 de octubre de 2019, en la que se estableció la remoción ilegal de Gómez Barrios Rincón en el cargo de gerente general y director, por razones de no existir el quórum necesario para dicha finalidad, alegándose que en el acta se consigna información falsa.
Pareciera que los accionistas pretenderían liquidar la empresa a fin de no pagar los beneficios sociales a los trabajadores como lo habrían realizado con Securitas Risk Control en Talara, empresa que prestaba servicios de seguridad a la estatal petrolera Petroperú.
Lima, 14 de noviembre de 2022